17 de mayo de 2019

FISCAL : Pueden castigar hasta con seis años de cárcel, por una factura falsa


Tijuana .- Con las recientes reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) hechas por la Cámara de Diputados de nuestro país, se imponen sanciones de tres a seis años de prisión a quien expida comprantes fiscales que amparen operaciones falsas. 
Así lo expresó el abogado fiscalista,  Jorge Alberto Pickett Corona, que hizo referencia a la aprobación del dictamen que modifica la fracción tercera del Artículo 113 del CFF, además de adicionar el Artículo 113 Bis, para recrudecer las penas para quienes cometan ese delito. 
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Jorge Alberto Pickett Corona

La modificación legal fue aprobada, e incluye sanciones para quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados, mientras que la sanción mínima fue aprobada por unanimidad. 
El defensor del contribuyente hizo referencia a la minuta de la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara, quien mencionó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales falsos. 

“La minuta pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes”, dijo. 

  
La legisladora agregó que con la reducción de la evasión de impuestos se fortalecen los ingresos públicos y por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal del gobierno, y su capacidad de invertir en beneficio de la población del país. 

Finalmente, el fiscalista explicó que los diputados mencionaron que entre 2010 y 2018, se identificaron más de ocho mil empresas que cometieron evasión fiscal, relativa al uso de facturas falsas que simulan operaciones financieras, siendo el promedio anual de ese crimen hasta de 750 millones de pesos, y puntualizó que esos datos fueron emitidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

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