9 de mayo de 2018

AMIS : Rechaza limites a la Libertad de Expresión , en medio del pleito de Obrador con empresarios

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Ciudad de México.- El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, llamó a rechazar cualquier esquema político que limite la libertad de expresión en el país, en particular, frente al actual proceso electoral. “No podemos aceptar retrocesos hacia esquemas políticos restrictivos y arbitrarios, es nuestro derecho expresar nuestras opiniones de manera libre y sin ser objeto de vejaciones y discriminaciones”, resaltó en el marco de la inauguración de la 28 Convención de Aseguradores. 

 Escobedo dijo también que, frente al relevante proceso electoral de julio próximo, que definirá el rumbo del país, “es momento de trabajar hombro con hombro, los miles de empresarios y trabajadores, los agricultores, las misceláneas, las pequeñas empresas y grandes corporaciones”. 



 Señaló que los empresarios en México, alentados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y bajo el liderazgo de Juan Pablo Castañón, coinciden en la construcción de un México de oportunidades, seguro, y con gobiernos eficientes y transparentes. “Creemos en un México con legalidad y justicia, un México próspero, innovador, donde se preserven los recursos naturales, los empleos dignos y la una redistribución más equitativa de la riqueza”, sostuvo.


MÉXICO NECESITA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 Durante la inauguración de la 28 Convención Aseguradores AMIS, Manuel Escobedo, presidente de la asociación, destacó que “el reto más importante y la aportación más trascendente” para el futuro de México es establecer una política pública de administración de riesgos, tanto en materia de salud y pensiones como en protección a la vivienda y al campo. 

 LA AMIS A través de un comunicado, la AMIS informó que su presidente precisó que un riesgo es cualquier evento que impide el logro de nuestros objetivos, por lo que hay que tener un plan adecuado que minimice y administre sucesos repentinos (sociales, económicos, naturales o políticos), para beneficio de todos y, particularmente, del sector público. 

 El documento señala que el Estado es el principal administrador de riesgos y es el responsable de generar bienestar de largo plazo, pero antes debe medir los factores que impiden el cumplimiento de metas y beneficios para la población, así como aplicar diversas políticas económicas y sociales para lograrlo.

 La AMIS y la Secretaría de Hacienda plantearon seis prioridades a atender:

 1. Transitar a una cobertura universal de salud (pública y privada), pues México destina menos recursos a este rubro en comparación con los demás países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

 2. Consolidar un esquema de ahorro para un futuro digno, recordando que 84% de las personas no ahorran para largo plazo.

 3. Potenciar el desarrollo y la penetración del seguro en el campo mexicano, pues en las últimas 2 décadas el 80% de las pérdidas se debieron a desastres naturales.

 4. Aumentar la resiliencia de la vivienda de los mexicanos, ya que solo 6% de los daños derivados de los sismos de septiembre de 2017 estaban asegurados.

 5. Combatir y prevenir ilícitos y proteger a las víctimas de accidentes viales. Los accidentes le costaron al sector asegurador 14,000 millones de pesos (mdp), mientras que el robo de autos representa 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

 6. Fortalecer la administración de riesgos de los bienes del Estado mexicano, ya que invierte unos 5,500 millones de dólares cada año en seguros. Al referirse a los sismos ocurridos en septiembre de 2017, Escobedo dijo que el reto más grande fue atender los 71,000 siniestros derivados ellos, pues sumaron pérdidas aseguradas por 29,800 (mdp), y que al 30 de abril ya se ha pagado 66% de los reclamos.

 Esos casi 30,000 mdp se integra a los 25,000 millones de dólares de pérdidas por las catástrofes naturales de los últimos 17 años. El presidente de AMIS también indicó que el país requiere de una política de aseguramiento de vivienda que contemple regular adecuadamente a los condominios, así como asegurar y fiscalizar la forma como estos se aseguran y administran su riesgo; además de extender la protección a los estratos económicos más bajos con microseguros catastróficos.

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