LA COLUMNA de El Diario I Rompieron los Breach planes de impunidad

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El Diario | Domingo 31 Diciembre 2017.-  Fuera de promesas huecas, filtraciones oprobiosas y afirmaciones tramposas sobre el “caso resuelto”, del 23 de marzo a la primera semana de noviembre no hubo datos relevantes que mostraran con solidez progreso alguno en la investigación sobre el crimen contra la periodista, Miroslava Breach Velducea.

Debe ser considerado el 9 de noviembre como una fecha parteaguas en el caso. Mentiras, distracción, impunidad y opacidad absolutas antes; avance, ligera apertura, empujones para mantener abierto el portón del expediente, después. 

 Imposible la mera casualidad, el 19 de diciembre fue ejecutado el asesino material de Miroslava, Ramón Andrés Zavala Corral. La madrugada del 25 del mismo mes fue apresado como uno de los autores coordinadores del crimen, Juan Carlos Moreno Ochoa. Ambos hechos ocurridos en Sonora.

La detención fue llevada a cabo por agentes de la Policía Federal en algún pueblo del estado vecino. Fue trasladado el delincuente de inmediato a Chihuahua y tomadas las primeras fotografías aún en pijama; todavía con un zapato-tenis en una mano. Quedó fracturado aparentemente de una clavícula al intentar escapar (la foto en la versión digital de La Columna).

Desde junio tenía girada la orden de aprehensión por un juez de Chihuahua. 

La Fiscalía chihuahuense no hizo operativo alguno para su búsqueda bajo la pública justificación de “lo intrincado de la sierra” y la protección del crimen organizado. Tampoco movió un dedo la Procuraduría General de la República (PGR) que llevó una investigación paralela, según testimonios de periodistas que fueron declarados por agentes federales como Jorge Aguirre.

El 9 de noviembre fructificaron los esfuerzos, el tesón, el clamor, la exigencia firme, de los hermanos de Miroslava por conseguir justicia para la integrante de su familia. Rosa María Breach y otros familiares firmaron ese día un documento. Ahí por fin la Fiscalía General del Estado aceptó su calidad de víctimas y les empezó a dar acceso a la carpeta de investigación y a las diligencias correspondientes.

Debió Rosa María buscar un amparo ante la justicia federal para conseguir ese objetivo. No lo obtuvo por voluntad propia de la Fiscalía estatal.

En ese documento, la Fiscalía se comprometió a tener reuniones periódicas con los Breach para ser informados sobre el avance en las indagatorias. Por la institución firmó el coordinador de la Unidad Especializada de Delitos contra la Vida, Erick Alejandro Rangel Ríos.

Estuvo en calidad de testigo, y signó también, el director general del Programa de Agravios contra Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rodrigo Santiago Juárez. Ese órgano frío, inconmovible, profundamente irresponsable, del que más adelante nos ocuparemos con la dureza que amerita.

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 Dos ángulos tenemos para destacar de esta historia a la que de inmediato el Gobierno estatal trató de echar tierra considerando al detenido Moreno Ochoa, “El Larry”, como autor intelectual del crimen.

Trataron de presentar el asunto como redondeado “y resuelto” con la ejecución de Zavala y un cómplice por detener, el chofer del asesino material y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Jaziel Vega Villa, oriundo de Sonora. Supuestamente ninguna responsabilidad de la Policía estatal, Anahí Angelina Villalobos Pérez, quien escondió al grupo después del crimen.

Se enredaron en sus propias cuerdas. 

  El primer ángulo corresponde justo a la autoría intelectual del asesinato. Boletines oficiales completos para desmentirse los funcionarios entre ellos mismos y para aclaración de “confusiones”. Brutal y sin ningún respeto al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión.

El gobernador ha rehuido con todas sus fuerza, y más lejos abordar con objetividad, franqueza y compromiso hacia la memoria de la periodista (admite públicamente la amistad personal que sostuvo con ella) tomar las líneas que unen a panistas con los orquestadores, sujetarlos a proceso, deslindar responsabilidades, conseguir las sentencias correspondientes, y ahora sí, cerrar el caso.

Ni Moreno ni Zavala sabían nada de Miroslava hasta que recibieron la orden de trasladarse de la sierra de Sonora a la ciudad de Chihuahua para privarla de la vida. Tampoco el universitario que radicaba en la capital del estado junto con su familia por aquellas fechas.

La intervención de los panistas, por tanto, fue fundamental en la trama. Intercedieron ante ella por órdenes del autor o autores intelectuales; hablaron personalmente con ella, también por teléfono, la grabaron. Los audios fueron entregados a los asesinos.

Todo el fangal quedó destapado en las primeras audiencias judiciales con el detenido aunque hacía muchos meses era conocido por familiares y testigos declarados por agentes del ministerio público.

Miroslava fue abordada más de una vez, más de una decena de veces, por el entonces presidente municipal panista de Chínipas, Hugo Shultz Alcaraz. Le pedía y exigía que dejara de publicar temas relacionados con los grupos criminales de aquella región, particularmente los Salazar Zamorano –Adán y Crispín–, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Esos datos fueron oportunamente entregados por los familiares de la periodista al fiscal general, César Peniche Espejel.

Parte de esa misma información habría sido aportada por la periodista al propio gobernador, Javier Corral Jurado, según información extraoficial obtenida por La Columna y otra contenida en un amplio reportaje publicado en Newsweek por la colega chihuahuense, Olga Aragón Castillo. En esas pláticas Miroslava revela su desaliento ante el inmovilismo del mandatario estatal.

Las comunicaciones entre Miroslava y Shultz, y entre ella y el vocero del PAN en el estado, Alfredo Piñera Guevara, se sucedieron hasta el grado del acoso antes y después de las elecciones del año pasado. Los reportajes bajo su firma tumbaron a varios candidatos a distintas alcaldías, entre ellos el de Chínipas, el priista Juan Salazar Ochoa, hijo de Crispín. Fue suplido por el también tricolor Jesús Agramón Varela, actual presidente municipal. Utilizadas las siglas de PAN y PRI como cambiar de calcetines.

Corral sabía perfectamente el peligro que corría la compañera periodista. Tras ganar la gubernatura reveló que varios grupos criminales le advirtieron para que no pisara Chínipas ni toda aquella región colindante con Sonora durante su campaña electoral. Eran los mismos relacionados con Shultz, Piñera y seguramente varios blanquiazules panistas más. Ha surgido también el nombre del secretario particular del gobernador, José Luévano Rodríguez, quien durante la campaña asumía funciones de dirigente estatal.

Es indudable entonces que sin esas declaraciones e indispensables aportaciones en las futuras audiencias no quedará resuelto el caso. Por consecuencias no podrá interpretarse otra cosa que complicidades hasta niveles insospechados entre el autor o autores intelectuales del asesinato y la administración estatal... complicidades por supuesto más allá del perjuicio electoral que el expediente ocasionará durante las campañas electorales en puerta.


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El segundo ángulo merece atención particular y destacada. Las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos no podían sino patentar en esta ocasión, como tantas otras, su papel de cómplices políticos y amortiguadores mediáticos en favor de la impunidad. Sus funcionarios reducen la función a tratar de engañar y dar atole con el dedo a las víctimas de delitos ahí dónde es solicitada su intervención... donde tímidamente participan “de oficio”.

 “El crimen lacerante de Miroslava (Breach) es emblemático por lo que significa. Evidencia la incapacidad para prevenir los homicidios, lo insuficiente de los mecanismos de protección. El mejor antídoto de protección que puede haber... es acabar con la impunidad y la corrupción”, dijo el titular de la Comisión Nacional (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en una visita a Chihuahua en agosto.

Palabras al aire.

 Retórica barata, una semana después del asesinato de la periodista, la CNDH emitió un comunicado condenando el crimen, urgiendo la investigación y emitiendo supuestas medidas cautelares en favor de su familia que tras nueve meses de ocurrido el hecho no fueron concretadas. El olvido obsceno.

 Después del comunicado, la CNDH ordenó la “atracción” del caso, tomado inicialmente en esa materia por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cargo de José Luis Armendáriz, tan inocuo y abúlico como González Pérez. Ambas instancias han sido menos que mirones de palo en todo este tiempo.

 No se detienen ni para mentir en caso necesario. 

El 24 de agosto estuvo Luis Raúl González en una cena con periodistas de Ciudad Juárez. Testigos el presidente municipal, Armando Cabada; el presidente de la Comisión Estatal, Armendáriz y otras autoridades. Frente a los cuestionamientos de los colegas, prometió el ombudsman nacional que en los días siguiente emitiría un fuerte pronunciamiento sobre la impunidad que rodeaba al caso Miroslava. Ni una palabra hasta ahora.

 “Chihuahua es un foco rojo de la agresión a periodistas y se encuentra en tercer lugar de homicidios a comunicadores en todo el país, superado por Veracruz y Tamaulipas”, dijo González al día siguiente aquí mismo en el “primer foro sobre libertad de expresión y el rol de los periodistas y comunicadores en México”.

 Ninguna medida cautelar ha sido implementada para proteger al gremio chihuahuense tanto de los delincuentes comunes como de distintas autoridades de diversos niveles que con frecuencia agreden de distintas formas a los periodistas y a las empresas periodísticas.

 El asesinato de Miroslava tampoco habría ocurrido si los convenientemente pasmados Armendáriz y González Pérez hubieran cumplido su encomienda sustancial de prevención y protección. No hicieron eso, menos meterían en problemas su confort burocrático por buscar justicia tras el crimen.

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 P.D. A la vuelta de unas horas tendremos el 2018.

Buena cara y buena actitud ayudarán a transitar sin mayores sobresaltos. ¡Felicidades!.
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