PANORAMA ECONÓMICO | Jesús Alberto Cano Vélez


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El conflicto de Cataluña con España que alcanzó niveles extremos con el sui géneris referéndum del 1 de octubre, y la unilateral declaración de independencia, un par de días después, formulada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que al final de su discurso independentista, reviró sin el menor empacho, diciendo que “siempre no”, ha motivado que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aplique el artículo 155 de la Constitución española, que contempla la toma de control de tareas claves del gobierno catalán, en lo económico, político y social, que pudieran fortalecer la causa separatista encabezada por los Nacionalistas de viejo cuño.

La aplicación del art. 155, considerada por muchos como una medida drástica, dado que prácticamente requisa el poder económico y político a los catalanes, ha sido la única opción que ha tenido ese gobierno para restituir la legalidad en la importante región de la geografía española, tras los reiterados llamados al diálogo, a la negociación, y a la construcción de acuerdos, formulados por la Moncloa y desoídos por los nacionalistas de Cataluña.

Cabe asimismo, señalar que la ambición independentista de Cataluña no es un tema nuevo; la vertiente separatista bajo distintas formas y coyunturas se remonta a los días de la integración del reino español, siempre con pobres resultados y muy corta duración; evidencia de que el deseo de separarse de la nación española no ha sido, como aseguran los nacionalistas, el sentir de las mayorías catalanas.

Un importante aspecto que cabe destacar en este conflicto es la salida masiva de significativas empresas trasnacionales y españolas asentadas en Barcelona, que no han querido correr riesgos ante la inestabilidad del acontecer político catalán. En una auténtica estampida, que ha dejado sin trabajo de un día para otro a miles de trabajadores, se estima que más de mil quinientas empresas, bancos, constructoras, empresas editoriales, textiles, etc., han movido sus oficinas de la geografía catalana. Este hecho ha logrado que pongan los pies en la tierra, cientos de miles de familias, que no quieren arriesgar su fuente de ingresos, por las ocurrencias de un puñado de extremistas, que cobran del erario público y no están corriendo riesgos como la gran mayoría de los catalanes. 

Otro punto que es oportuno señalar, es que la secesión de Cataluña no sería reconocida por ninguno de los países miembros de la Unión Europea, que dan su total respaldo al gobierno de España. De la misma forma, la gran mayoría de los países del mundo, como México, no reconocen ni lo harán, decisiones unilaterales que laceren la integridad política, económica, social y geográfica de un país tan cercano al nuestro como lo es España.

Más allá del discurso público que expresen los nacionalistas, la actitud que han mostrado en los últimos días, es de desaliento tras advertir que no podrán salirse con la suya sin pagar las consecuencias, que han sido drásticas dado que su desacato a la legalidad constitucional de España ha sido de gran calado.

 El tema de discordia en el conflicto que ya se advierte, es la fecha de celebración de las próximas elecciones catalanas, con las que esta región recuperaría su plena autonomía tras el fallido referéndum “a modo” de los nacionalistas. Mientras que los catalanes las demandan para el próximo enero, el gobierno de Madrid estima que no podrán ser antes de seis meses, cuando Cataluña haya recobrado la normalidad mínima. En ello coinciden los diversos partidos que se han sumado al gobierno de Rajoy en defensa de la Constitución española.

No ha funcionado la treta del grupo nacionalista que se había enquistado en la Generalitat, encabezado por Arthur Mas, ex presidente de la Generalitat y real instigador y estratega de todo lo ocurrido, ya que el joven presidente Carles Puigdemont, es considerado por muchos, como un mero operador.

Este grupo minoritario ha manipulado a la ciudadanía, excediéndose en sus atribuciones, pero las consecuencias las pagarán todos los catalanes.

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