CONO SUR Presentan iniciativa para terminar con la minería ilegal en Colombia



Colombia dio el primer paso en el Congreso para meter en cintura una actividad criminal que por años ha saqueado las finanzas territoriales e irrigado de sangre extensas zonas del país: la Comisión Primera del Senado dio el aval al proyecto que busca poner fin a la extracción ilícita de minerales, actividad que el año pasado movió unos $7 billones, una cifra muy superior a los $2 billones que obtuvo el narcotráfico. 

 La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. “La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico”, dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.

 La iniciativa “contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales”, según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país. Para expertos como Guillermo Rudas, a pesar de que el Código Minero está vigente desde hace más de una década, la minería ilegal todavía contempla “una amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. 

Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición de los últimos 10 años”. “La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación ambiental y social, así como el involucramiento de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada”, se lee en la ponencia del proyecto hecha por el senador Eduardo Enríquez Maya. “El principal objetivo es endurecer las penas y crear una nueva figura delictiva con este propósito”, dijo Enríquez Maya. 

 El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables. También se ataca la actividad como fuente para el lavado de activos y la asociación con la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que varios grupos armados reciben financiación de minería ilegal. “En materia ambiental, dota de dientes a las corporaciones regionales y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ejerzan mejores controles sobre insumos como el mercurio y el cianuro; y que l..........................................

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