14 de enero de 2014

ADMINISTRACION PUBLICA Desfalcos cometidos en municipios sinaloenses deben castigarse, pide la dirigente estatal del PRI Martha Tamayo, asegurando que ese partido no será "tapadera" de ningún ex alcalde, mientras, todo un escándalo en Culiacán, el proceso penal contra Héctor Ponce Ramos, ex secretario estatal de Salud

Ante los escandalosos desfalcos que dejaron presidentes municipales en las arcas, donde en algunos municipios sinaloenses no hay ni para pagar la luz y los alcaldes han tenido que empeñar sus bienes para hacerle frente a esta situación, la dirigente estatal del PRI, Martha Tamayo Morales se pronunció para que se investigue a estos ex servidores públicos y si se encuentran culpables se les castigue conforme a la Ley.
 "Existen las instancias para una revisión e investigación y a eso hay que ajustarse, tanto en la Auditoría Superior del Estado como en la Comisión de Fiscalización del propio Congreso del Estado", dijo y aseguró que el PRI no será tapadera de ningún ex alcalde o cualquier otro ex funcionario que haya incurrido en malos manejos de recursos.
El PRI, añadió, está al lado de la ley; si hay alguna situación que tenga que justificar una sanción, adelante, reiteró en Los Mochis, donde los medios le preguntar su postura ante la critica situación financiera de algunos municipios y de las reformas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas por el poder legislativo .
Entre sus respuestas dijo que se mueven intereses políticos que tienen como objetivo el desprestigio del PRI, por lo que hizo un llamado para que se conozcan realmente la profundidad de las reformas para superar la andanada de críticas sin argumentos e interesadas. "Las críticas que hasta ahora han recibido las reformas constitucionales, parten de verdades a medias y constituyen a su vez una gran mentira, porque son parcialmente tratados o dimensionados aspectos negativos que no existen", puntualizó.
Después la dirigencia estatal sostuvo una reunión con su militancia, sectores, organizaciones y estructura partidista, en una acción de acercamiento que tiene el propósito de fortalecer al partido para el trabajo político de los dos siguientes años.
++++++++++++Persigue la justicia a ex secretario de Salud de Sinaloa, para quien el Juez Quinto del Ramo Penal, dicta auto de formal prisión en contra de Héctor Ponce Ramos; porque habría dado un destino diferente a recursos destinados a partidas etiquetadas en el estado
El ex secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Héctor Ponce Ramos, enfrenta un proceso penal por presunto desvío de 16 millones de pesos del erario durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla. El médico cirujano está sujeto a proceso desde diciembre cuando el Juez Quinto del Ramo Penal dictó auto de formal prisión en su contra.
El ex funcionario está acusado de la presunta comisión del delito de desempeño irregular de la función pública. De acuerdo con el expediente 861/2013, Ponce Ramos dio un destino diferente a los recursos destinados a partidas etiquetadas.
Según las investigaciones el desvío asciende a más de 16 millones de pesos. Información del Consejo de la Judicatura Federal señala que el ex funcionario solicitó el 4 de diciembre de 2013 un amparo de la justicia federal contra una orden de aprehensión girada en su contra.
El Juez Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional de la orden de aprehensión un día después y fijó el pago de garantía de 5 mil pesos.
El día 7, Ponce Ramos se presentó a rendir su declaración preparatoria en el Juzgado Quinto Penal, donde tres días más tarde le dictaron auto de formal prisión. Debido a que el delito que se imputa al ex servidor público es considerado no grave, el juzgador fijó una fianza, la cual fue depositada. Ponce Ramos continuará su proceso penal en libertad y sólo acudirá al juzgado cuando el Juez lo requiera para audiencias.
Las investigaciones contra el ex titular de Salud fueron iniciadas en 2012 por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependencia que presentó las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. La PGJE consignó al juez el expediente en diciembre del año pasado y obtuvo la orden de aprehensión.

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