12 de enero de 2014

ACTUALIDAD Apoyan en Chihuahua la pena de muerte, una vez que la aplicación de la Cadena Perpetua le parece insuficiente al ciudadano frente a los crímenes cometidos por los sicarios, así como a los violadores, secuestradores y extorsionadores.

Nueve de cada 10 chihuahuenses avalaron que los asesinos y sicarios reciban cárcel de por vida e incluso la pena de muerte, al igual que secuestradores, extorsionadores y hasta violadores, se determinó a través de una encuesta, la cual surge en medio de la polémica por la aplicación de la prisión vitalicia en el estado, debido a que abogados la consideran ilegal.
El estudio, realizado por el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia en el 2012, arrojó que la percepción de los entrevistados acerca de las penas adecuadas para cada tipo de delincuente indica que el 5.1 por ciento consideró que los homicidas o sicarios merecen cárcel por algunos años, el 51.1 por ciento encierro de por vida y el 38.8 por ciento la pena de muerte.
Para los secuestradores el 5.1 por ciento de quienes contestaron a las preguntas indicó que merecen cárcel por algunos años, el 57.6 por ciento encarcelamiento de por vida, mientras que el 33 por ciento piensa que deberían pagar con pena capital.
En cuanto a los extorsionadores el 11.1 por ciento de los ciudadanos dijo creer que deben estar durante algunos años en prisión, el 54.9 por ciento que las autoridades tienen que darles una pena vitalicia y el 29.7 por ciento que les quiten la vida.
Para los violadores el 2.9 por ciento de los entrevistados pidió cárcel durante algunos años, el 39.9 por ciento reclusión hasta que fallezcan y el 50 por ciento la pena de muerte. Mientras que para los delincuentes comunes el 53.5 por ciento de los ciudadanos mencionó que merecen algunos años de cárcel, el 30.4 por ciento el aprisionamiento de forma vitalicia y el 14.7 una condena capital.
Los investigadores argumentaron que parte del tema de la disuasión para cometer algún delito son las penas que los habitantes de las zonas consideradas en el estudio perciben como deseables para los principales actos ilícitos. Hicieron notar que en el caso de los violadores un porcentaje alto tiende hacia la pena de muerte, mientras que en cuanto al asesinato, el secuestro y la extorsión, tres de cada 10 consideran deseable una sentencia capital.
Datos proporcionados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecen que en toda la entidad y durante los tres primeros años de la administración estatal 151 secuestradores, homicidas y extorsionadores fueron condenados a prisión vitalicia, mientras que poco más de 400 está en proceso y el Ministerio Público solicitó que se le aplique la cadena perpetua.
En Ciudad Juárez 92 personas que cometieron delitos de alto impacto pasarán el resto de su vida tras las rejas después de haber sido sentenciados por tribunales orales o unitarios. De acuerdo con información de la FGE en la zona Norte, desde octubre de 2011 y hasta noviembre de 2012 se emitieron sentencias condenatorias en contra de integrantes de 15 bandas dedicadas a la extorsión, 10 de secuestradores, cinco sujetos que mataron a policías y siete que cometieron multihomicidios, entre ellos los responsables de una masacre en el interior del Cereso en julio del 2011.
Vale recordar, que el Congreso del Estado reformó el Artículo 161 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua en 2010 para castigar con cadena perpetua los delitos de secuestro, multihomicidio y extorsión, pena que está vigente desde el 23 de octubre de ese año. Respecto a la percepción ciudadana recogida en la “Encuesta Sobre Medidas de Prevención, de Seguridad y de Posesión de Armas 2013”, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados, Salvador Urbina Quiroz, consideró que la aplicación de la pena punitiva de cárcel de por vida es ilegal por contravenir la Constitución. Acerca de la pena de muerte, el profesionista opinó que es algo que tal vez nunca se ponga en vigencia en el país dada su política interna y externa de protección a la vida.
Para el experto en derecho penal, “la mano dura” que está aplicando el Estado contra los secuestradores y extorsionadores no inhibe la comisión de estos graves delitos y las víctimas no obtienen un mayor beneficio como la reparación del daño. “Se puede aplaudir que la Fiscalía General del Estado está funcionando mejor que antes en materia de secuestros y extorsiones, pero hemos visto que no está funcionando en materia de homicidios de mujeres”, declaró Urbina Quiroz.
Consideró que las autoridades discriminan al valorar de manera inequitativa delitos de alto impacto como los homicidios de mujeres “y eso es grave porque hablamos de pérdidas de vidas humanas”. Expuso que si bien el Gobierno estatal está aplicando una mano firme contra los secuestradores y extorsionadores, tiene una política de combate al delito selectiva y discriminatoria. +++++++++++Temor al crimen organizado y a autoridades
A través de la misma encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, se estableció que mientras que en el resto del estado los ciudadanos tienen temor de que los delincuentes comunes les hagan daño, en Ciudad Juárez reportaron que le tienen miedo al crimen organizado y a las autoridades en su conjunto.
Los datos del estudio indican que prácticamente la mitad de las 19 mil 046 personas entrevistadas, el 49.1 por ciento, manifestaron que sienten aprensión por la posibilidad de que delincuentes comunes los ataquen, mientras que el 30.5 por ciento consideró que los integrantes del crimen organizado son su principal amenaza.
En conjunto, el 18.5 de los encuestados indicó que siente temor de que algún integrante de cuerpos policíacos o soldados los hagan objeto de agresión, el 8 por ciento específicamente a la Policía local, el 6.7 a militares y el 3.8 a agentes federales.
La Encuesta Sobre medidas de Prevención, de Seguridad y Posesión de Armas 2013 determina que en cuanto a la delincuencia común, la Chihuahua capital y Parral reportan los niveles más elevados, así como Nuevo Casas Grandes y Bocoyna.
Los investigadores encontraron que las medidas de protección consideradas por las familias encuestadas, que incluyen el enrejado de las casas, compra de alarmas e instalación de luces especiales, además de perros guardianes y alambres de púas, tienen más relación con el miedo que se tiene hacia la delincuencia común en primer lugar.
En segundo término se encuentra el crimen organizado. En Chihuahua, Parral y Juárez se percibió miedo a ser víctima del crimen organizado, aunque en términos generales llamó la atención de los investigadores el hecho de que los niveles son altos, por lo que se estableció que la ciudadanía en esos municipios se siente vulnerable ante esa amenaza.
El temor hacia las autoridades en su conjunto, añade el estudio, se acentúa en Juárez, así como en Parral y en menor escala en la zona central del estado.

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