28 de diciembre de 2012

COMPETITIVIDAD Inseguridad empresarial, el mayor reto de Peña Nieto

Por: Héctor Hugo García Dávila
El sector empresarial es uno de los que presentan un relevante número de pérdidas económicas o afectaciones, pérdidas que no son resaltadas con la equidad que merecen debido a que las empresas tienen la capacidad de costear seguridad propia (privada) y al hacerlo presentan costos adicionales que finalmente se ha podido cuantificar en números precisos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó recientemente la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE) en donde por vez primera en nuestro país se llevó a cabo el registro de las afectaciones de la inseguridad a las empresas que operan en territorio nacional. El estudio presenta datos precisos sobre una encuesta realizada a empresas (27, 743 unidades económicas) que pertenecen al sector privado pertenecientes a distintas actividades económicas a lo largo del país. Los resultados no son sorprendentes dado que sabemos que la violencia y el crimen tienen una cobertura bastante amplia, sin embargo, las cifras precisas nos dan muestra de especificaciones que escapan a nuestra percepción como son el tipo de delitos cometidos, los sectores en donde se producen, los costos como consecuencia de este tipo de actos, entre otros.
Antes de citar los resultados con cifras tajantes, es necesario recordar la importancia que adquiere la inseguridad en nuestro país para entender después por qué es importante atacarla lo más pronto posible. Como una primera aproximación a este problema podemos resaltar que México se encuentra en los primeros lugares de inseguridad a nivel mundial ya que se le considera un país que mantiene una guerra interna debido a las acciones del gobierno federal en contra del crimen organizado. De acuerdo con el último reporte del Barómetro de Conflictos, elaborado por el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg en Alemania, la guerra que sostiene México a su interior lo ubica dentro del estudio con una intensidad de nivel 5 (el más elevado), a la par de conflictos presentados en países como Nigeria, Somalia, Sudán, Myanmar, Pakistán, Afganistán, Egipto, Irak, Libia, Siria, Turquía o Yemen.
Esta evaluación contempla dos tipos de conflictos que lo llevan a estar ubicado con el nivel más alto de intensidad: el primero es la guerra que sostiene el gobierno federal en contra del narcotráfico, cuya intensidad es de dimensiones considerables, y el segundo se refiere a los enfrentamientos (guerra) entre los cárteles de las drogas. Hasta aquí tenemos una primera aproximación debido a la intensidad y en comparativo internacional, pero también existen focos rojos que se encuentran directa o indirectamente relacionados con la inseguridad, violencia y narcotráfico. El caso del desempleo en jóvenes es uno de ellos ya que (de acuerdo con la OCDE) los jóvenes entre 15 y 24 años presentan una tasa de desempleo de 9.4%. Este dato adquirió mayor importancia cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que los jóvenes excluidos de la sociedad tienen mayores probabilidades de asumir comportamientos peligrosos, incluyendo el abuso de substancias nocivas, la incursión en crímenes o actos violentos, la participación en pandillas, el tráfico de drogas y otras amenazas a la cohesión social y a la paz en la comunidad. La violencia e inseguridad en México también afecta otros aspectos económicos como las inversiones en nuestro país. Según la agencia Standard & Poor´s, la ola de violencia e inseguridad por la que atraviesa México es un factor importante que limita los flujos de capital externo, inversión y crecimiento de la economía, impidiendo niveles óptimos en la Inversión Extranjera Directa (IED).
Pero todo esto es únicamente la punta del iceberg del nivel de afectación que representa la inseguridad en nuestro país; aquella violencia que se relaciona directamente con la sociedad civil es perfectamente palpable y sufrida por quienes vivimos día a día en las ciudades de esta nación. En el ámbito empresarial, la presentación de números duros pretende dotar de elementos a las autoridades para desarrollar estrategias mejor planeadas. Según el INEGI el porcentaje de las unidades económicas que fueron víctimas de algún delito en 2011 fue de 37.4%, mismos que generaron un costo para dichas unidades o empresas que asciende a 115.2 mil millones de pesos, con un promedio de 56, 774 pesos por empresa. Asimismo, los resultados de la ENVE muestran que se generaron 4, 324, 529 delitos asociados a 1, 389, 000 unidades económicas víctimas, es decir, 3.1 delitos por víctima. Recapitulando: en 2011, en promedio, una empresa sufrió 3 delitos, cuyos costos por ser víctima de ellos ascendió a 56,774 pesos, es decir, las empresas en nuestro país deben considerar un costo anual adicional de casi 60 mil pesos por concepto de agresiones. Obviamente (por tratarse de promedios nacionales) se tienen que considerar muchos factores de riesgo como el tipo de delito, la frecuencia y el ramo económico al que se pertenece, entre otros.
A este respecto, por entidad federativa, aquellas entidades que presentaron un mayor índice de delitos son: Sinaloa, con 5 delitos (promedio) por empresa (por cada 10,000 empresas) donde los delitos más comunes fueron el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; le sigue Morelos con 4.3 delitos (extorsión el más frecuente), el Distrito Federal con 4.2 delitos (Actos de corrupción) y Chihuahua y Nuevo León con 4.1 delitos (Fraude y robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, respectivamente). Es importante señalar que el 76% de las empresas consideran que la entidad donde operan es peligrosa, sin embargo, el 86.1% manifestó que el Ejército desempeñó un trabajo muy efectivo o algo efectivo, seguido de la Marina con un 85.5%. ¿Por qué la importancia de este dato? Se ha discutido mucho sobre si la estrategia que implementó el ex-presidente Felipe Calderón fue la adecuada, pero indiscutiblemente, la mayoría de las empresas, a pesar de sentirse inseguras, calificaron el actuar de las fuerzas armadas como un trabajo efectivo, es decir, la estrategia del gobierno fue bien vista para las empresas (mayoritariamente). A partir de este punto surge una duda recurrente: ¿por qué las empresas deben tener gastos adicionales en seguridad? Existen diversos factores, el primero (no necesariamente el más importante) es el que se refiere a la percepción de la seguridad en donde realizan sus operaciones (el 76% de las empresas consideran que la entidad donde operan es peligrosa), pero también se debe a que el 59.35% de las empresas considera la inseguridad y la delincuencia como sus principales afectaciones.
Por tales motivos las empresas se ven "obligadas" a realizar gastos adicionales (a los derivados directamente de las afectaciones por victimización), como la contratación de seguros, colocación de alarmas, vigilancia privada en calles y colonias, construcción de bardas o rejas con sistemas de seguridad, adquisición de perros guardianes, comprar accesorios para aumentar la seguridad de los automóviles, cerraduras e implementar medidas conjuntas con los vecinos para aumentar la seguridad. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, como su propuesta para atacar este mal nacional, presentó la nueva política de Estado en materia de seguridad y justicia, en la que destaca la creación de una Gendarmería Nacional que contará con diez mil agentes en una primera etapa. El presidente explicó que los objetivos prioritarios que persigue su Gobierno son reducir la violencia y rebajar las tasas de homicidio, secuestro y extorsión, por lo que su estrategia girará en torno a seis ejes rectores: prevención, respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación. Esta reacción por parte del gobierno se presenta como necesaria, ya que el actual clima de inseguridad atenta contra el derecho de muchos de los mexicanos a ejercer una de las condiciones que mayor importancia tienen para que un país se desarrolle de manera sostenida: que los derechos privados de propiedad estén eficientemente garantizados por un poder judicial.
Finalmente, hay que destacar que la estrategia contra el crimen organizado e inseguridad en el país debía tener un cambio con la entrada de una nueva administración en el gobierno, sin embargo, el reto es mayúsculo y los esfuerzos tendrán que redoblarse: se tendrá que hacer frente de manera efectiva a uno de los mayores problemas de nuestro país con miras a resultados palpables que puedan ser percibidos de manera clara y positiva por todos aquellos que se ven afectados de manera directa o indirecta, para que finalmente se permita crear un ambiente de certidumbre que pueda ser aprovechado para generar un verdadero desarrollo económico.

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