Por Gustavo Pérez
El reciente anuncio del gobierno federal en torno a la
cancelación de un megaproyecto turístico cerca de la zona protegida de Cabo
Pulmo es tan sólo una pincelada más de una imagen que retrata denuncias,
irregularidades y la presión de varias ONG, que giran alrededor de uno de los
más antiguos y mejor protegidos baluartes de la naturaleza en el mundo. Localizado en el Golfo de California, el
Parque Nacional de Cabo Pulmo fue decretado en 1995 como área natural
protegida. Es un sistema de arrecifes en el que pueden encontrarse abundantes
especies, entre los que figura el tiburón ballena y la mantarraya gigante.
En 2005 la UNESCO lo decretó como Patrimonio Natural de la
Humanidad, y para 2008, el sitio sería incorporado a la lista Ramsar de
humedales prioritarios a nivel internacional. No obstante, desde el decreto de
1995, los habitantes de la zona se vieron en la necesidad de modificar su
estilo de vida, cuando dejaron de practicar la pesca para dedicarse
exclusivamente a cuidar del arrecife.
En este mismo año, la constructora española Hansa Urbana
adquirió varios suelos en México con la finalidad de tener presencia con un
megaresort en América Latina. Para 2008, comenzó a promover un megaproyecto
turístico en la región que fuera presentado al presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
El desarrollo, llamado Cabo Cortés, abarcaba una superficie
de 3,800 hectáreas, con el triple de capacidad hotelera que la de Los Cabos,
con 11,000 habitaciones. En su plan incluía también varios campos de golf, un
puerto con 490 lugares, zonas comerciales y deportivas, e inclusive un
aeropuerto para vuelos ejecutivos, y que recibiría aviones y helicópteros. Su
inversión estimada, para ese momento, era de 1,000 millones de dólares.
A partir de que Hansa comenzara a promover este
megaproyecto, la respuesta de organizaciones civiles no se hizo esperar. En
2010, Greenpeace, Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y
Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, presentaron un informe en el que se
denuncia que el desarrollo “ponía en riesgo el ecosistema” de Cabo Pulmo.
Asimismo, los habitantes de la zona se pronunciaron en
contra de que el proyecto de Hansa se construyera debido a las posibles afectaciones
que éste podría tener en el medio ambiente. Entre éstas, afirmó Pedro Zapata de
la organización Niparajá, estaba toda la infraestructura de Cabo Cortés,
principalmente la desalinizadora, que representan “riesgos graves para la salud
del arrecife”.
Había señalado además que los planes del desarrollador no
garantizan que la salmuera no terminara en el arrecife, y especificó que en el
caso de la marina la situación sería aun más grave, pues su dragado generaría
niveles altos de turbidez, que afectarían de manera directa al coral.
Explicó que Los Cabos cuentan con un Programa de
Ordenamiento Ecológico condensado y decretado, y que muchas de las
disposiciones de éste eran abiertamente quebrantadas o ignoradas por el
proyecto, como lo es la construcción en zona de dunas.
Para agosto de 2010, la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) retiró la autorización de impacto ambiental Cabo
Cortés tras la realización de estudios que garantizaran que no se afectaría al
ecosistema, esto después de que en septiembre de 2008 había otorgado una
autorización parcial al proyecto.
Tras esta negativa, el mismo gobernador de Baja California
Sur, Narciso Agúndez Montaño, afirmó que Cabo Cortés requería de “ajustes
menores” que, afirmaba, “serán subsanados por los inversionistas con la
participación de instancias como el Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (Cibnor) y otras de amplio prestigio y reconocimiento en materia de
conservación”.
Poco más de un año después, el gobernador sudcaliforniano,
quien actualmente se encuentra en prisión por el delito de peculado, sería contradicho
por el mismo presidente Felipe Calderón y los estudios oficiales.
No obstante, para marzo de 2011, la Semarnat volvería a
avalar el proyecto, específicamente para crear, de acuerdo a las ONG
inconformes, una ciudad en una región donde el agua escasea. Posteriormente,
Greenpeace denunciaría a Mauricio Limón
Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y Eduardo
Enrique González Hernández, titular de la dirección general de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA), por el incumplimiento de facultades y disposiciones
previstas en la legislación en materia de impacto ambiental.
Hacia el cierre del año pasado, Greenpeace acusaba a la
Semarnat de haber negociado “bajo la mesa” las autorizaciones para Cabo Cortés.
Esta acusación fue negada por la
dependencia gubernamental a través de su coordinadora de comunicación social,
Laura Aguilar, quien afirmó que el permiso otorgado implicaba que Hansa
demostrara que el proyecto no va a causar daño a la naturaleza, y detalló que
para ello, la empresa debe estudiar “dos o tres años” que no afectará al medio
ambiente.
Lo que seguiría a continuación sería una campaña más amplia
en la que desde organizaciones sociales hasta cantantes de rock se
pronunciarían en contra de Cabo Cortés y a favor de la protección de esta zona.
Dicha campaña incluiría la difundida visita de 25 niños del Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF) a Los Pinos, en donde se entregaría un documento con 12 mil
742 de 111 países en el que se solicitaba se frenara el proyecto en el Golfo de
California.
Para finales de mayo, el Congreso de la Unión le solicitaría
a la Semarnat un informe escrito en el que se detallen las medidas adoptadas
para autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el desarrollo
turístico, además de informar los presuntos actos de colusión entre servidores
públicos y Hansa. Incluso, señaló que la MIA “resultó ser un documento
deficiente, toda vez que omitía detalles importantes que pondrían en riesgo al
arrecife, dunas costeras y biodiversidad de la región. No obstante fue aprobado
por la autoridad”.
Finalmente, la polémica estaría por terminar con un anuncio
contundente. El 15 de junio de 2012, Felipe Calderón anunció la cancelación de
Cabo Cortés. La razón que aludió el mandatario para tomar esta decisión fue que
Hansa Baja Investments no garantizó la protección del arrecife de coral.
No obstante, el presidente Calderón indicaría también que la
empresa no quedaría “en estado de indefensión”, y precisó que de estar aún
interesada, podrá plantear de nuevo “el análisis de un proyecto que sí sea
sustentable”.
De esta manera, se daba por concluida la lucha legal de las
organizaciones ambientalistas, quienes recibieron la noticia con beneplácito, y
confirmaron que estarían atentos a la resolución que la Semarnat emita para
revocar la MIA, y de esta manera el proyecto quede oficialmente derogado.
Posteriormente, la Semarnat misma aclararía las razones por
las que la realización de Cabo Cortés ya no se llevaría a cabo. De acuerdo con
un comunicado de la dependencia, la determinación “se deriva de una resolución
emitida a un recurso de revisión interpuesto por Mirna Cañedo Castro y otros
miembros de la comunidad de Cabo Pulmo (…) el cual buscaba ampliar las medidas
de protección a las especies en peligro de extinción o amenazadas, que fueron
reconocidas en la ubicación del proyecto”.
Asimismo, precisó que, tras el análisis de la queja, la
Semarnat llegó a la resolución de declarar nula la autorización otorgada a la
empresa española, al determinar “necesaria una mejor definición de los
elementos para prevenir, compensar o mitigar los posibles daños causados a la
fauna existente de la zona”.
Tras el anuncio presidencial de la cancelación, los
representantes legales de Greenpeace y CEMDA se han pronunciado porque se
establezcan candados ante futuros proyectos que pretendan instalarse en esta
zona y en otras “frágiles”.
Por su parte, Hansa anunció ya que llevará a cabo un
replanteamiento del megaproyecto “con el objetivo de encontrar un equilibrio
entre el desarrollo económico y turístico de Baja California Sur y la
sustentabilidad medioambiental”.
Es así como termina el largo capítulo de una historia cuyo
desenlace aún parece lejano y donde el principal de los protagonistas es el
invaluable arrecife natural que permanece a la merced de la voluntad humana.
