Por: Erick Zúñiga
Hoy el panorama político presenta diversos horizontes hacia la elección presidencial de 2012, no obstante, el pasado recuerda que la falta de mayorías, solitarias o construidas, han frenado el avance del país
El lunes 10 de octubre, un escueto desplegado atrajo las miradas de propios y extraños. En él, no sólo se estampaban los nombres de las 46 personalidades que apoyaban el comunicado, sino que se exhibía una propuesta cuyo fin se enmarca en las buenas intenciones y la idea general de crear cambios significativos en la historia política del país.
En esencia, esta propuesta impulsada por políticos, académicos e intelectuales busca combatir la añeja falta de acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas del país –PAN, PRD y PRI–, que históricamente no sólo ha frenado la labor legislativa y alimentado la cultura de la confrontación entre partidos, sino que ha impedido la concreción de reformas y leyes necesarias para el país.
En este sentido, el grupo de 46 firmantes, procedentes de diversas ramas ideológicas, pretende obligar a quien resulte electo en los comicios presidenciales de 2012 a formar un gobierno de coalición, ante la posibilidad de que éste no consiga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión se comprometa a priorizar el diálogo y la negociación para conformar con el resto de las fuerzas políticas un proyecto de gobernabilidad.
“Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban”, dicta el manifiesto denominado “Por una Democracia Constitucional”, publicado en los diarios de circulación nacional el pasado 10 de octubre.
Así, la idea lanzada por este grupo de 46 firmantes consiste en generar el compromiso para instaurar un gobierno de coalición, el cual encuentra su razón de ser ante la falta de un grupo parlamentario con los escaños o curules suficientes para impulsar en solitario su proyecto nacional –mayoría absoluta–, con lo que se ve obligado a negociar y pactar con otra fuerza política, generalmente con ideología política similar, para integrar un gobierno conjunto, compartido.
Ahora, si bien esta figura de gobernabilidad es propia, y común, de los sistemas parlamentarios –los cuales predominan en Europa–, en los sistemas presidencialistas, como el de México, el Jefe del Estado no está supeditado al Legislativo, ya que de manera independiente es electo por votación popular, lo que abre la posibilidad de que las mismas urnas que lo elijen para gobernar el país, le nieguen el apoyo necesario en el Congreso, pues la ciudadanía podría optar por un partido opositor. Como sea, sin mayoría absoluta o con ella, el Presidente seleccionado puede ejercer independientemente del partido que tenga mayoría en las cámaras.
En teoría es así, sin embargo, la práctica, principalmente la de la última década, demuestra que la imposibilidad del partido gobernante para dotar al Ejecutivo del respaldo legislativo suficiente para avanzar sus proyectos y reformas deriva en la parálisis legislativa que hoy tiene en la congeladora iniciativas claves para el país en materia laboral, fiscal, electoral, entre otras.
Es decir, a días de haberse iniciado el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, algunos de los firmantes consideraron que la propuesta trata de evitar, por un lado, cualquier intento de que un solo partido imponga su visión y, por otro, impedir que se detengan en el Congreso algunas iniciativas al contar con el apoyo de varios grupos políticos.
El ex mandatario Ernesto Zedillo fue el último Ejecutivo en disfrutar los beneficios de contar con una mayoría absoluta de su partido, el PRI, en el Legislativo. Fue en 1997, en las elecciones intermedias del sexenio de Zedillo, cuando se realiza un hecho histórico en la vida política mexicana –y que inició la racha que interrumpiría un régimen de 70 años en el poder–: por primera vez el partido tricolor no alcanzaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, otorgándole a la oposición una fortaleza que hasta ese momento no poseía y que a través de la unión de las minorías –dado que el PRI aún constituía la principal minoría– logró conjuntar a PAN, PRD, PVEM y PT para levantar un muro de contención al entonces irrefutable partido tricolor.
En este sentido, desde hace más de 13 años que un gobierno no cuenta con el respaldo mayoritario de su propio partido en el Congreso, que su proyecto nacional se enmarca en una situación de “división” y falta de consensos para impulsar su agenda, avanzar sus reformas o simplemente fijar un rumbo compartido. Le pasó a Vicente Fox, que pese a ganar la Presidencia de la República con una ventaja de casi 6%, no contó con una mayoría absoluta para arrancar su gobierno, ya que el PRI obtuvo 203 escaños en San Lázaro, contra los 148 del PAN y los 97 del PRD. El ex mandatario buscó alianzas para gobernar, pero no las consiguió. Lo mismo ocurrió en las elecciones intermedias de 2003.
Situación similar le ocurrió a Felipe Calderón: los escaños panistas en ambas cámaras se incrementaron, sin embargo no le alcanzó para lograr la mayoría relativa, y dado el enfrentamiento con el PRD por el resultado de la elección presidencial, su alternativa fue acercarse con el PRI para negociar un pacto de gobernabilidad, mismo que el partido tricolor rehusó, manteniendo así la parálisis legislativa. La gobernabilidad panista sufrió otro revés en 2009, cuando el Revolucionario Institucional recuperó los espacios perdidos en el Congreso, pese al acercamiento entre tribus perredistas y las filas blanquiazules.
En fin, es con estos antecedentes y con las previsiones de que los resultados electorales de 2012 volverán a arrojar gobiernos sin mayorías, que la propuesta del gobierno de coalición toma fuerza y se levanta con la esperanza de lograr un avance histórico en el funcionamiento político del país, donde la misión es unir a Ejecutivo y Legislativo como en un ejercicio de pluralidad que “implica la cooperación de las fuerzas políticas”, porque ambos “son órganos de la soberanía popular”.
En este sentido, la academia y el círculo rojo han desplegado en los últimos días un debate en torno a la viabilidad de esta propuesta democrática y las implicaciones que tendrá en la política actual, donde la materia electoral prácticamente domina cada espectro de la vida nacional.
Por un lado, hay expertos y analistas que alzan la voz en apoyo a la propuesta del gobierno de coalición y rescatan casos de éxito en otros países, donde instrumentos del sistema parlamentarios han ayudado a construir mejores administraciones, como en Argentina, Uruguay o EU.
O bien, el caso del Reino Unido, donde el Partido Conservador logró imponerse a los laboristas en las elecciones de mayo de 2010. Sin embargo, el número de escaños era insuficiente para construir un gobierno por cuenta propia –un hecho histórico, dado que desde 1974 siempre había un partido que obtenía la mayoría absoluta de la Cámara de los Comunes (baja)–, por lo que el acercamiento de David Cameron con su homólogo liberal demócrata, Nick Clegg, fue indispensable para que el político de derecha garantizará su gobernabilidad –a cambio de la inclusión en el gabinete–, ya que los casi 60 escaños de dicha fuerza parlamentaria le otorgaron la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta, desalojando del número 10 de Downing Street a Gordon Brown y los laboristas.
No obstante, cabe precisar que así es como funciona el modelo europeo. En México, un gobierno de coalición implicaría, por ejemplo, que el partido vencedor ofrezca algunos cargos en su gabinete a otras fuerzas políticas, que a su vez acordarían apoyar un proyecto de gobierno común que se traduzca en el respaldo de iniciativas presentadas ante el Congreso.
En fin, firmantes y no firmantes han expresado su apoyo, total o en parte, a esta propuesta de coalición, al considerar que se presenta en un momento en que sería de gran ayuda para el país ante la falta de acuerdos para avanzar:
“Nos permitirá pactar entre todos nuestro compromiso con el objetivo central de obtener el desarrollo que deseamos”, dijo a los medios el senador priísta Beltrones.
“Reinstalar el viejo régimen (…) y formar una coalición que obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados son dos ideas distintas. Desde luego, simpatizo con la segunda”, destacó el jefe capitalino Marcelo Ebrard.
“Es importante buscar nuevos mecanismos institucionales que contribuyan a la gobernabilidad. (…) El desplegado (sobre el gobierno de coalición) comprueba que sí es posible sumar voluntades, por más diferentes que sean, para el bienestar general”, declaró la precandidata panista Josefina Vázquez Mota a la prensa.
Y en el mismo sentido se escucharon las voces de otros personajes como el secretario Francisco Blake –aunque se dijo más inclinado hacia la mecánica de la segunda vuelta presidencial, o Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD; entre otras personalidades.
LA RESISTENCIA
Por otro lado, hay dos elementos de la ecuación de que de inicio marcaron distancia de esta propuesta: el priísta Enrique Peña Nieto –quien encabeza las encuestas de preferencia electoral hacia 2012– y el ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Quienes, bajo sus lecturas, están de acuerdo en que el gobierno de coalición no tiene otra intención más que suavizar la derrota electoral de sus rivales políticos.
En este sentido, el ex gobernador mexiquense ha sido cauteloso al pronunciarse sobre la propuesta, negándose a dar declaraciones que rechacen o acepten la misma. La razón: es considerado el virtual ganador de la elección presidencial, según las encuestas.
“Ya vamos a hablar de eso (el gobierno de coalición) ahora que abordemos el foro de política, es una de las modalidades para lograr un respaldo mayoritario en la Cámara, nos hemos pronunciado por otras formas y creo que podemos abordar este tema con mayor amplitud ahora que sea el foro de política”, declaró el precandidato priísta a la Presidencia de la República.
Por otro lado, Humberto Moreira, dirigente nacional del PRI, destaca el valor positivo de la propuesta, sin embargo, pide que no se convierta en una condicionante para quienes aspiran a dirigir el país, sino que se permita que la decisión final sea tomada por el vencedor de la contienda electoral, que confía en que será el representante tricolor por “un triunfo muy holgado”.
En ese sentido, la lectura es que la confianza del PRI para regresar a Los Pinos es alta, pero también lo son sus expectativas para alcanzar los escaños necesarios para dominar el Legislativo y poner en marcha sin complicaciones su proyecto de gobierno.
De manera similar, las corrientes allegadas a AMLO y el propio tabasqueño han sido tajantes en su repudio a las coaliciones de gobierno, ya que bajo su lógica el régimen actual “está podrido” y por ello no puede formar una alianza o coalición con ningún partido político –cabe recordar su rechazo total a las alianzas electorales con el PAN, que lo llevaron a la ruptura con la dirigencia perredista de Jesús Ortega–, pues representaría una simulación y un engaño.
Asimismo, un gobierno de coalición no es visto por el lopezobradorismo como una garantía de gobernabilidad; por el contrario, observan en él la razón por la que los gobiernos europeos hoy se enfrentan a su debacle, al considerar que las malas decisiones de éstos se han tomado bajo dicha figura.
Aunado a esto, observan también un intento del PAN y de la tribu perredista de Los Chuchos para garantizar su supervivencia, pues una eventual victoria del PRI –de la mano de Peña Nieto– o de AMLO –como aspirante de la izquierda mexicana–, pondría en riesgo su futuro político.
En conclusión, aceptada o rechazada, vista como excusa política o salvaguarda ideológica, o incluso como estratagema para la conservación del statu quo; lo cierto es que la propuesta del gobierno de coalición obliga a reflexionar sobre el futuro del país, para superar la parálisis que hoy impide contar con las reformas y leyes necesarias para el mejoramiento de la sociedad, la economía y la política en sí misma. Es decir, obliga a reflexionar que cualquier proyecto debe encaminarse en la misma dirección: el bienestar de México.
LOS FIRMANTES
Sergio Aguayo
Jorge Alcocer
Daniel Barceló
Agustín Basave
Ricardo Becerra
Manlio Fabio Beltrones
Manuel Camacho
Miguel Carbonell
Jaime Cárdenas
Cuauhtémoc Cárdenas
Lázaro Cárdenas Batel
Diódoro Carrasco
María Amparo Casar
Rolando Cordera
Lorenzo Córdova
Javier Corral
Santiago Creel
José Antonio Crespo
Gabino Cué
Denise Dresser
Marcelo Ebrard
Juan Ramón de la Fuente
Carlos Fuentes
Xóchitl Gálvez
Arturo González Cosío
José González Morfín
Miguel A. Granados Chapa
Pedro Joaquín Codwell
Francisco Labastida
Fernando Lerdo de Tejada
Sergio López Ayilón
Mario López Valdez
Luis Martínez
Patricia Mercado
Mauricio Merino
Carlos Navarrete
Arturo Núñez
Francisco José Paoli
Federico Reyes Heroles
Armando Ríos Piter
Ernesto Ruffo
Pedro Salazar
Diego Valadés
Jorge Volpi
José Woldenberg
